LOS ENLACES MULTIDIMENSIONALES DE LA SEGURIDAD. APROXIMACIONES TEÓRICAS SOBRE PLANOS CONVERGENTES

FREDY RIVERA VELEZ

INTRODUCCIÓN

El último grado de perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia.
(Voltaire)



En América Latina la diversidad de ámbitos sociopolíticos y económicos relacionados con problemas de seguridad nacional ha ido involucrando paulatinamente a esferas gubernamentales y de la sociedad civil. No existe, hoy en día, con raras excepciones, país que pueda vanagloriarse de no poseer políticas de defensa externa y planes de seguridad interna para combatir amenazas de diversa índole.
 Si hasta hace pocos años, las amenazas estaban catalogadas dentro de un marco doctrinario clásico de la guerra fría, actualmente los linderos de esas concepciones se han diluido peligrosamente en discursividades y prácticas políticas vinculadas con la segurización, entendida ésta como una exageración de las percepciones políticas que se tiene sobre determinado tema o problema social; de hecho, la segurización en sí misma se ha convertido en una forma de articular lo interno con lo externo hasta volverse un médium que organiza prácticas, narrativas y construye sentidos que son legitimados por  intereses hegemónicos y poderes locales que en coro reproducen nacionalmente retóricas de seguridad regional.
 El presente trabajo estudia las vinculaciones existentes de esa articulación seguritaria que tiene repercusiones en los órdenes domésticos de la democracia y en los derechos humanos, así como en el sistema internacional. El caso ecuatoriano sirve como plataforma de observación para analizar, mediante distintas entradas teóricas y metodológicas, la intersección y tensiones producidas entre el régimen de seguridad y el régimen de protección internacional de los  derechos humanos; de hecho, no existe, a mi entender, mejor muestra que la del Ecuador para demostrar cómo se conectan: a) la estrategia de seguridad nacional estadounidense en la región andina; b) las políticas de defensa del Estado colombiano que traslada sus lógicas de combate a sus violencias internas fuera de sus fronteras y que ha traído, entre otras consecuencias, la migración forzada de miles de refugiados; y, c) la implementación de políticas antidrogas que el Ecuador ejecuta, sin mayor evaluación crítica, de acuerdo a los intereses hegemónicos estadounidenses, y que  bajo el manto protector de la seguridad nacional, ha contribuido para debilitar uno de los pilares de la institucionalidad democrática como son los procesos de rendición de cuentas y el cuidado de los derechos humanos de la población.

El caso ecuatoriano contiene una cantidad significativa de planes y acciones relacionadas con las estrategias anti narcotráfico y antidrogas apoyada por los EEUU que ha promovido el involucramiento nacional en el problema colombiano. El análisis del período 1998-2006 condensa más planes vinculados con la defensa y seguridad nacional luego de la guerra con el Perú en 1995. En esa misma problemática se inserta el análisis sobre el desempeño de las instituciones de control parlamentario en democracia y el papel asumido por los partidos políticos en los temas de defensa y seguridad nacional.
 Hay que tomar en cuenta que a principios de los años noventa se hablaba de nuevos riesgos y amenazas para las democracias. Estas amenazas estaban condensadas en la fórmula democracia, mercado y seguridad como panacea del desarrollo y la paz, pero a raíz de los atentados del 2001 en New York, la estrategia hegemónica se modifica y se la reorienta hacia el terrorismo, factor que abre una ventana para las intervenciones unilaterales y de guerra preventiva que modifican los escenarios regionales como el andino. Constituye, a todas luces, la época de inflexión de las teorías basadas en la cooperación como reguladoras del sistema y orden internacional para dar lugar a la resurrección de los neorrealismos provenientes de la guerra fría.
 En ese sentido, mi hipótesis ubica al Ecuador como un caso donde confluyen y se expresan dimensiones constructivistas y realistas del conflicto regional por medio del proceso de segurización que conecta los escenarios locales con los internacionales. No se trataría solo de una segurización de las percepciones, sino de una “colonización seguritaria” de los valores democráticos, los desempeños institucionales y las agendas de políticas públicas como las de migración e integración. Ya no se trata de la potencial amenaza interestatal que configura las lógicas de producción de la seguridad nacional; ahora entran en juego nuevas configuraciones, nuevas formas constitutivas del conflicto entre actores armados que sobrepasan los linderos de las naciones y vulneran las relaciones bilaterales y las establecidas en el marco de los convenios internacionales. 
En este contexto, las instituciones políticas democráticas, especialmente las relacionadas con la rendición de cuentas tienen que lidiar con el lastre de prácticas y lógicas autoritarias ejercidas por las FFAA y Policía Nacional. Fue todo un descubrimiento comprobar, para efectos demostrativos de la segurización, que las comisiones especializadas del Congreso Nacional no hayan levantado investigaciones serias y sanciones sobre el desempeño policial en relación a los convenios internacionales firmado por la Policía sin que haya conocido y aprobado el Congreso. Discrecionalidad y autonomía desmedida que evidencia que el tema anti drogas se convierte en tabú al momento de querer controlar ese tipo de comportamientos institucionales. 
 En esta perspectiva, la segurización configurada por la lógica unipolar comienza a presentar evidencias de su capacidad omniabarcante y multidimensional. Ya no se trata de responder exclusivamente a los desafíos del exterior como percepción de amenaza, sino de articular esos desafíos externos con los procesos internos. ¿Cuáles son los campos sociales y políticos del Ecuador que están siendo abarcados por la segurización?
 Estas preguntas, situadas en varias direcciones tienen una base o denominador común para ser respondidas: la presencia invasiva de los temas de seguridad en las agendas de política externa e interna, en la economía y gestión estatal, en la democracia y sus valores procedimentales y en la trama institucional y comunicativa donde se procesan los temas de derechos humanos en el Ecuador. Para responder a estas preguntas, el presente estudio incorpora cinco ámbitos distinguibles e interceptados de análisis que están siendo impactos por las lógicas segurizantes y que a grandes rasgos se mezclan en una dinámica simbiótica de política exterior y política doméstica. La selección de estos temas no es un invento de este estudio sino la expresión del conjunto de realidades que se conjugan en un mismo fenómeno llamado segurización.
El proceso analítico se expone en cuatro capítulos diferenciados temáticamente y en uno conclusivo. En el inicial -que ahora  presento- se realiza una discusión teórica en dos frentes distintos; por un lado, se aborda las principales corrientes teóricas de las relaciones internacionales utilizadas en este trabajo: el constructivismo y el realismo que se vinculan con el problema de investigación y la importancia conceptual del proceso de segurización, noción medular que recorrerá el estudio. Por otro lado, se discute los ámbitos de los regímenes internacionales y las tensiones generadas entre políticas de seguridad y sistemas de protección humanitaria incorporando la argumentación sobre rendición de cuentas y seguridad nacional. De esa manera, el ejercicio teórico de establecer vínculos entre categorías de la sociología política, específicamente los conceptos de rendición de cuentas, institucionalidad, sociedad civil y cultura política, asociados analíticamente a conceptos provenientes de las relaciones internacionales, parte de la necesidad de entender el problema desde varias aristas disciplinarias que frecuentemente no contemplan los estudios de caso.

1. PRIMER ENLACE: SEGURIDAD Y RELACIONES INTERNACIONALES

Hace mucho tiempo que los temas de seguridad mantienen una fuerte presencia en los campos analíticos de las relaciones internacionales. Asumida como concepto teórico a ser debatido permanentemente o utilizada como referente paradigmático, útil por lo demás para diseñar políticas públicas, lo cierto es que el tratamiento de la seguridad está vinculado a una serie de corrientes interpretativas que presentan afinidades y diferencias, bondades y limitaciones. En esta parte trataré de establecer cómo varias categorías tomadas del realismo y del constructivismo se entrecruzan y sirven para analizar los casos seleccionados en el presente estudio.  

1.1 El peso actual del realismo: virtudes y restricciones

Corrían los años de la guerra fría, específicamente las postrimerías de los años cincuenta cuando las teorías realistas cobraron fuerza para explicar la naturaleza y el carácter de los contextos internacionales. Fue inicialmente Kenneth Waltz quien brindó en ese entonces una explicación de la política internacional entendida como un sistema diferenciado, compuesto por una estructura y por unidades interactuantes donde la estructura es el ingrediente central que hace posible pensar al sistema como un todo (Waltz 1988:119).
Waltz menciona que existen sistemas políticos domésticos y sistemas políticos internacionales que poseen principios ordenadores. En los primeros rige un orden jerárquico que diferencia formalmente a los actores políticos según su grado de autoridad  donde además se especifican sus diferentes funciones y capacidades. Veamos las principales:

  • Las partes de los sistema políticos domésticos se hallan en relaciones de supra/ sub/ordenación; algunas están autorizadas a ordenar y otras a obedecer.
  • Los sistemas domésticos son centralizados y jerárquicos.
Las estructuras políticas domésticas tienen como contrapartes concretas a las instituciones y los cargos gubernamentales.
En los segundos estas características difieren e incluso llegan a ser contradictorias entre sí, definiendo de forma distinta al sistema político internacional que presentaría los siguientes puntos más visibles:

  • Las partes de los sistemas políticos internacionales se hallan en relaciones de competencia y ninguna está autorizada a mandar u obedecer.
  • Los sistemas internacionales son descentralizados y anárquicos.
  • La característica prominente de la política internacional parece ser la falta de orden y organización.
  • Los sistemas políticos internacionales al igual que los mercados económicos se forman por la coacción de unidades auto interesadas y son de origen individualista, espontáneo.
Los estados procuran asegurar su supervivencia porque es un prerrequisito para lograr cualquier meta que se hayan propuesto.
   En el plano internacional, los Estados que son las unidades de los sistemas políticos no están formalmente diferenciados por medio de las funciones que desempeñan; de ahí que se plantea la idea de anarquía para definir el tipo de relaciones existentes entre las unidades de un sistema porque los Estados al interactuar forman la estructura de los sistemas políticos internacionales.
 El papel conferido al Estado es crucial en esta teoría al punto de que también se la denomina estatocentrica porque parte del supuesto de que los Estados son los únicos actores importantes dentro de la escena internacional, usan sus medios económicos para fines políticos y militares, y a su vez, los recursos, fines políticos y militares son empleados para la obtención de objetivos económicos. Relacionado con lo anterior encontramos la explicación que tiene el realismo sobre los órdenes anárquicos y los equilibrios de poder donde se analiza la conducta y los resultados en dominios anárquicos y jerárquicos; de hecho, junto a la categoría de poder se halla presente la noción de interés nacional definida en términos de seguridad del Estado. Esto último es importante porque se relaciona con el tratamiento de la violencia interna y externa.
En un sistema anárquico, cualquier Estado en cualquier oportunidad podría recurrir al uso de la fuerza para obtener sus metas, motivo por el que las unidades deben estar dispuestas a responder en los mismos términos o acogerse a las consecuencias de su debilidad. Los Estados pueden utilizar la fuerza en determinado momento, por eso, todos los Estados deben estar preparados para hacer lo mismo o vivir a merced de sus vecinos; de ahí que la anarquía o ausencia de gobierno esté asociado al uso de la fuerza militar (Waltz 1988: 241). 
 El realismo sostiene que los órdenes anárquicos tienen ciertos atributos positivos, entre otros, lograr que las unidades generen por sí mismas su seguridad con medios propios. La obtención de esta seguridad debe hacérselo aunque tenga que limitarse la libertad y minimizar los riesgos en la colaboración; de esa manera, la política nacional es el dominio de la autoridad, la administración y la ley, mientras que la política internacional es el dominio del poder, la lucha y la conciliación. La primera es de carácter jerárquico, vertical centralizado, heterogéneo y dirigido. La segunda es anárquica, horizontal, descentralizada, homogénea y mutuamente adaptable. La fuerza aparece entonces en determinadas condiciones políticas como un recurso primordial y constante (1988:167).
El poder se define entonces en términos de la combinación de las capacidades de un Estado, de la  distribución de este elemento entre las unidades de la estructura y de las variaciones que existan en esa distribución. En un sistema conformado por unidades funcionalmente semejantes, la diferenciación se establece en relación a sus capacidades e intereses que confluyen en la acumulación de seguridad[1].



[1] Waltz distingue el poder como capacidades del poder como causa. Esta última estaría asociada a un tipo de relación social donde un agente ejerce sobre otro presión, sanciones, amenazas, recompensas, o la combinación de éstas para lograr sus objetivos o intereses. 

El poder no está desligado de la amenaza de violencia y el uso recurrente de la fuerza que es lo que distingue los asuntos internacionales de los nacionales; pero al mismo tiempo se argumenta sobre la existencia de violencias internas que han caracterizado tanto a órdenes nacionales como internacionales. Por eso, el autor sostiene que no puede establecerse distinción duradera entre ambos órdenes porque ninguna formación humana presenta la garantía de no generar violencias en sus diferentes ámbitos de vida (Waltz 1988).
Desde un amplio panorama se puede afirmar entonces que el realismo ha equiparado las nociones de seguridad como sinónimos de interés nacional o poder nacional donde la supervivencia del Estado y la defensa de sus territorios ante posibles amenazas están asociadas al incremento de sus capacidades militares para precautelar sus intereses particulares. De esa manera, la conjunción de estas categorías brinda la primera virtud inicial para analizar la convergencia entre relaciones internacionales y seguridad, aspecto  que me sirve al mismo tiempo para incorporarlas al estudio sobre el caso del Ecuador.
En efecto, los conceptos arriba indicados tienen una importancia central en el análisis porque asocia al Estado Nación y su capacidad para desarrollar y sustentar intereses nacionales frente a amenazas externas e internas, figura unitaria que en el sistema internacional asume la representación del conjunto de la sociedad, independientemente que ésta tenga diferencias identitarias o culturales. A la vez, el concepto de poder incorpora los campos donde operan las relaciones bilaterales que tiene el Ecuador con Colombia y con los Estados Unidos que desde hace décadas despliega lógicas realistas de vinculación con la región andina. De hecho, latinoamérica forma parte de una nueva época post guerra fría que está marcada por el unilateralismo agresivo donde la capacidad para frenar los despliegues bélicos preventivos en distintas partes del mundo es mínima y donde se produce una latente pérdida de convocatoria a consensos que sustenten la labor de organismos como las Naciones Unidas muy afectadas en su institucionalidad.
  De ahí que si el poder es uno de los ingredientes centrales de la política internacional realista, ¿cómo se explican las relaciones establecidas entre las políticas de seguridad nacional de los países aquí estudiados –la dinámica doméstica- con los intereses supremos de un Estado poderoso que influye en el plano continental –la dinámica del sistema-?..Sin lugar a dudas estamos frente a la primera restricción conceptual derivada del realismo pero no la única. Y frente a este dilema hay que establecer respuestas que tendrán varios espectros conceptuales y categorías.
 Una inicial réplica exigiría ampliar críticamente y sobre todo actualizar el marco conceptual realista; por ejemplo, a la tradicional interpretación sobre el poder que incluye al Estado Nación y el papel de las elites gubernamentales como diseñadoras de las políticas exteriores que defienden sus intereses nacionales en el plano internacional, hay que añadir las nociones de hegemonía y realismo subalterno porque juntas nos permiten observar analíticamente las acciones y procesos de cada país dentro de un panorama explicativo que articula el orden doméstico, los intereses supremos de un Estado con más poder continental y el contexto internacional propiamente dicho asumido como el espacio donde intervienen las unidades del sistema.
Hace más de una década apareció la llamada escuela del realismo subalterno o periférico[2] que a más de criticar el marcado estado-centrismo del realismo cuestionó el énfasis puesto en las grandes potencias en desmedro de las dinámicas de países pequeños como Ecuador y Colombia en los que se intersectan órdenes domésticos e internacionales.




[2] Carlos Escudé menciona el término realismo periférico como una propuesta normativa para Estados débiles y como crítica ciudadano céntrica a la teoría anglo americana. “En suma, el realismo periférico es un tipo ideal de política exterior diseñada para servir los intereses estrechos de las ciudadanías de los estados débiles que no pueden competir por el poder político militar en el sistema inter estatal sin un costo extremo para su gente” El realismo de los estados débiles, pág. 8, En: http://www.argentina-rree.com/home_nueva-html consulta 25-03-08.   

 El realismo subalterno es una perspectiva interpretativa que se desarrolla en los bordes del realismo tradicional pero que examina la naturaleza subalterna de los Estados a través de una lectura pluralista que incluye el papel de las elites, la formación y legitimación de los Estados, la desigualdad existente en las relaciones internacionales y el rol del conocimiento en la distribución del poder entre países desarrollados del norte y los débiles del sur (Ayoob 2002). Precisamente, en estas características se situaría el caso del conflicto interno colombiano que tiene más de medio siglo de duración y cuyo desarrollo ha traspasado las fronteras territoriales nacionales para volverse un problema de seguridad y humanitario a nivel regional[3].


[3] Menciono el tema humanitario porque está relacionado con éxodos de población refugiada y desplazada desde Colombia hacia otros países, tema que será tratado en capítulos posteriores. En todo caso es necesario llamar la atención sobre la conjunción de aspectos relativos a la protección de derechos humanos de la población afectada por la guerra interna y los intereses de seguridad nacional de tres países que se mezclan en la dinámica del conflicto armado de mayor duración en el continente.   

En efecto, las teorías realistas dan mejor cuenta de la dinámica de poder e intereses de los países desarrollados del norte y su juego de posicionamiento frente a las amenazas interestatales, pero a nivel interméstico que es el locus donde operan países como los nuestros, resulta difícil establecer las característica específicas de esa compleja relación norte sur que va más allá de la mención de Estado, poder, intereses y órdenes; de hecho, en esa dinámica confluyen intereses hegemónicos de seguridad nacional con requerimientos locales que expresan la existencia de actores y variables externas que condiciona los comportamientos de los Estados en el sistema internacional y reproducen intereses pre-establecidos en el campo de negociación de conflictos (Ayoob, 1995).
De esa manera, la influencia y presencia hegemónica estadounidense tendrá bajo su espectro a dos países que responderán de acuerdo a sus capacidades particulares y de forma diferenciada a la política regional de seguridad establecida por ese país: el Ecuador será colaborador segmentado de la estrategia establecida y Colombia se identificará plenamente desde 1998 con las políticas unilaterales marcadas por un realismo guiado y supervisado.
¿Cómo logran juntarse estas categorías analíticas en un contexto de relación bilateral que cada uno de los países establece con las lógicas estadounidenses de poder continental? La hegemonía, como se indicó, es el nodo articulador del proceso. Ya Gramci advirtió hace muchos años que la conquista del poder político no era suficiente para establecer dominio sin que se halle acompañado de un consenso logrado a través de la dirección ideológica. Si bien esta definición ha sido ampliada y debatida por corrientes de pensamiento marxistas y estructuralistas, actualmente dicho concepto se lo vincula con la capacidad de dirección, tanto en el sistema internacional como en un sistema de clase o  cualquiera de los subsistemas en que se articula el sistema social. Pueden ser, por tanto, sujetos de relación hegemónica no solo las clases sociales sino todas las organizaciones políticas, económicas, culturales (Bobbio y Matteucci 1985: 774).
 Los conceptos de hegemonía y realismo subalterno son importantes entonces por cuanto brindan la posibilidad de entender el tipo de relación que existe entre diferentes Estados con disímiles capacidades, niveles de poder e influencia, pero que comparten un mismo sistema y que en el caso que se analiza, ubica una relación triangular que está basada en el despliegue de poderes e intereses articulados a la noción que cada país tiene sobre su seguridad nacional, la cual abarca tanto a elites como a sectores sociales dominados. En ese sentido, la hegemonía se desmarca del concepto de supremacía que es asumido como el papel que se ejerce a través de la fuerza para ser el primero en orden, importancia o autoridad mundial (Walt 2003: 32).
La segunda virtud es la posibilidad de establecer algunas complementariedades entre el realismo y categorías teóricas de la interdependencia[4]. Tomemos en cuenta que si bien la escuela realista desconfía de las capacidades efectivas de las organizaciones internacionales para reducir las contingencias sobre el tema seguridad en general y militar en particular, no se cierra por completo a aceptar el papel que tienen varias instituciones multilaterales sobre determinados campos de intervención acordados que los denomina procesos, los cuales son parte de las influencias y condicionamientos que se derivan de la estructura del sistema internacional, como por ejemplo, el funcionamiento de los regímenes.


[4] Waltz utiliza la palabra integración para referirse a las situaciones entre naciones e interdependencia para describir las situaciones dentro de las naciones. En los reinos anárquicos –internacionales- las unidades semejantes co-actúan; en los reinos jerárquicos –nacionales-, las unidades son funcionalmente semejantes y tienden a permanecer así. Las unidades semejantes trabajan para mantener un cierto grado de independencia e incluso pueden llegar a luchar por la autarquía. En los reinos jerárquicos las unidades son diferenciadas y tienden a aumentar sus grados de especialización (1988: 154).

Estas últimas, influencias y condicionamientos, asociadas a la noción de interdependencia me son útiles para analizar la vinculación negativa entre políticas de seguridad regional y régimen internacional de derechos humanos porque junto a la lucha por el poder y el interés nacional, conceptos rectores de la política internacional, también existe en paralelo y al mismo nivel en cuanto que principio rector, las categorías de influencia y condicionamientos derivadas de la estructura internacional (Del Arenal 2005:379).  
 La propuesta, que no elimina la importancia del Estado, su seguridad nacional o territorial, incorpora una visión que atraviesa los espacios nacionales, regionales y globales donde los Estados-Naciones son actores importantes de la política internacional aunque no los únicos porque existen múltiples actores subnacionales y transnacionales que también influyen en las relaciones internacionales (Orozco 2006: 177). Tal diversificación de situaciones que expresan dinámicas entrelazadas de seguridad estatal y de las personas ha promovido la ampliación de los abordajes interpretativos por medio de categorías teóricas de alcance intermedio como las constructivistas e  interdependentistas.
 Tomemos en cuenta que luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el sistema internacional y los temas de seguridad expresan el peso de la continuidad del Estado y su concepción de fronteras políticas y territoriales como núcleo duro del actual contexto político y económico; sin embargo, ¿son suficientes estas categorías para entender las lógicas contemporáneas de los Estados en materia de seguridad y su conexión con dinámicas internacionales que han logrado establecer compromisos extra seguritarios en el área de derechos humanos?
 En principio es válido aceptar que las nociones de influencia y condicionamiento pueden ser leídas de varias maneras, incluso por el mismo realismo que las supeditará a su esfera interpretativa, pero desde una perspectiva de derechos humanos la situación se transforma porque se utiliza la normas y procedimientos acordados en el sistema internacional para condenar y sancionar a Estados que violan compromisos, acuerdos firmados y aceptados. Este espacio abre la posibilidad para analizar los impactos negativos que acarrea sobre el campo de los derechos humanos un conflicto armado como el colombiano, pero fundamentalmente porque permite incorporar dos categorías adicionales de la interdependencia: sensibilidad y vulnerabilidad.

La sensibilidad implica los grados de respuesta dentro de una estructura política, es decir, ¿con qué rapidez los cambios generados en un país determina costos para otro?; y cuál es la magnitud de ese costo que puede medirse no solamente por el volumen de los flujos que trasponen las fronteras, sino también por los efectos de esos costos en las transacciones sobre las sociedades o los gobiernos. La dimensión de vulnerabilidad se apoya en la disponibilidad relativa y en el costo de las alternativas que los actores deben encarar, pero en términos conceptuales la vulnerabilidad puede definirse como “la desventaja de un actor que continúa experimentando costos impuestos por acontecimientos externos aún después de haber modificado las políticas” (Keohane 1988:26-28); de ahí que la vulnerabilidad se vuelva imprescindible para analizar las estructuras políticas en las relaciones de interdependencia porque ubican a los actores definidores de las reglas del juego y porque se aplica tanto a las relaciones sociopolíticas como a las político económicas. Si no hubiese este espacio conceptual conectivo, resultaría muy difícil analizar los vínculos establecidos entre seguridad, derechos humanos y poder bajo un contexto de interdependencia  y realismo.

 La segunda restricción es abundante y viene dada principalmente desde el realismo. Inicialmente a la escuela realista le cuesta aceptar la idea de la interdependencia porque reduce al plano de la economía ese concepto[5]. “La concepción común de la interdependencia omite las desigualdades, ya sean éstas económicas o políticas, y sin embargo, la desigualdad es el tema de la política” (Waltz 1988: 211), es decir, critica el concepto por su falta de definición ya que a más de ser una moda, no permite mirar bien las realidades de la política internacional y genera erróneas expectativas sobre las condiciones que pueden promover la paz en la política internacional.



[5] Waltz utiliza varios ejemplos históricos para demostrar que la interdependencia ha sido escasa desde la segunda guerra mundial. Hay que considerar que varios de los casos mencionados por el autor sucedieron durante la guerra fría que desplegó sus propias lógicas económicas y sus peculiares formas de integración  comercial. Los ejemplos están incluidos en Man, the State, and War: A Theoretical Analysis (1959) y Theory of International Politics (1979). 

Adicionalmente la falta de claridad conceptual se extiende a los términos integración e interdependencia que es asumida como parte inherente al proceso económico interno de los Estados; de hecho, la integración tiene mejor aplicación en la economía mundial pero al existir un relativo desplazamiento del poder hacia los mercados, el Estado interviene para no perder sus influencias. Hoy más que nunca el poder se ha concentrado en un solo Estado que sigue desplegando intereses en mercados y zonas de influencia.
 La interdependencia es frágil por cuanto las partes que conforman un sistema aparecen como dependientes una de otra y están sometidas a los cambios de la estructura internacional. Si bien el establecimiento de instituciones y organizaciones internacionales son asumidas como medios para coordinar y defender la estructura del sistema y la paz mundial, olvidan que éstas son creadas por los Estados y responden a los intereses de éstos pues en su mayoría han sido creadas bajo la hegemonía estadounidense en base a sus intereses. En los últimos años hemos evidenciado la falta de poder que las instituciones tienen realmente porque cuando los Estados Unidos han querido no han dudado en desplegar su influencia y poder pasando por encima de las instituciones que ellos mismos  ayudaron a crear en el contexto internacional[6].



[6] Este tipo de actitudes estadounidenses han sido notorias desde la presidencia de Clinton que utilizó un discurso multilateral retórico –denominado multilateralismo asertivo- basado más en las apariencias antes que en medidas efectivas consensuadas a la hora de decidir temas colectivos de alcance global. Durante su administración se rechazaron tratados sobre la creación y participación en el Tribunal Penal Internacional, se puso objeciones al Tratado sobre la prohibición de minas antipersonales y en varias ocasiones se frustró decisiones del Consejo de Seguridad. Esta actitud fue continuada por el presidente Bush años después. Bennis Phyllis “La administración Bush y las NNUU: Socavar la organización mundial”, Revista Internacional de Filosofía Política, Nº 21, UAM, México, 2003.   

La definición de interdependencia es imprecisa por cuanto se la emplea para muchas situaciones como descripción de acuerdos aceptados, procedimientos de toma de decisiones, marcos internacionales basados en desempeños institucionales, formas de cooperación que carecen de tales marcos institucionales. El énfasis puesto en los asuntos normativos limitan las explicaciones sobre el cambio en el sistema político internacional generando una imagen de estabilidad o statu quo y de esa manera invisibiliza las formas de ejercer el poder entre distintos países que son diferentes porque no es lo mismo la distribución de ese poder en igualdad de capacidades o entre potencias hegemónicas y países menores (Dougherty J y Pfaltzgraff R, 1993:185) que es precisamente la situación que se analizará en esta investigación.
 Sobre el tema militar el realismo sostiene que en un mundo hostil y bipolar –como el que hubo hace pocas décadas- se observaba las ventajas de dos poderes dentro del sistema a pesar de su inestabilidad porque la interdependencia es baja en un contexto bipolar y alta en un mundo multipolar, ya que los grandes poderes requieren disponer de respaldo militar y político durante las crisis y las guerras, de tal manera que la interdependencia disminuye pues ninguno de los polos puede relacionarse con otros por sus mutuas ambiciones de dominio (Waltz 1988: 248-282).       
 En el plano de la seguridad en concreto, la interdependencia no logra desentrañar el dilema de cómo un Estado participa política y militarmente en una dinámica de colaboración, organizada multilateralmente, sin constituir una amenaza para alguno de los países convocados, en otras palabras, ¿cómo la obtención de seguridad para un Estado no reduce la de otro?.
En un principio, la interdependencia planteó una serie de términos como seguridad común, defensa no ofensiva, superioridad defensiva mutua, prevención de la guerra y combinación de fuerzas con mecanismos de seguridad colectiva para dar sentido a la pretensión de obtener niveles de cooperación entre Estados en temas de guerra y paz que necesariamente incluye intereses diferenciados[7]; no obstante, pensar  que los Estados dejen de establecer medidas para preservar sus intereses y capacidades para no sentirse vulnerables es aspirar a un entorno muy debatible ya que resulta difícil obtener por lo menos 4 características o condiciones. En primer lugar, ser transparentes, especialmente a lo que concierne al poder militar y sus mecanismos de verificación; segundo, lograr confiabilidad para las partes, básicamente establecer mecanismos de detección temprana de conductas hostiles para acordar medidas pacíficas preventivas- y que es precisamente el mecanismo opuesto que mediante una perspectiva realista se utiliza ahora bajo la noción de guerra preventiva-; tercero, obtener equilibrio para todos los actores partícipes, evitando que ninguno perciba que realiza concesiones unilaterales y al mismo tiempo se aleje la percepción de ganadores y perdedores; y cuarto, construir redes de comunicación y transferencia de información fidedigna en varios niveles entre los Estados confortantes del sistema internacional (Bartolomé 1999: 292).



[7] Las Naciones Unidas han promovido una serie de instrumentos para dar forma a un sistema de seguridad colectiva que hasta ahora no logra concretarse, pero que de todas maneras es necesario mencionarlo porque existen avances importantes en materia de compromisos obtenidos en temas de protección a los derechos humanos de actores armados y otros que reducen la influencia de lo estrictamente militar. 

La premisa interdependentista de que la globalización permite a los Estados débiles un margen de maniobra más amplio es parcialmente cierto en el área de la economía, pero difícil de mantenerla en temas de seguridad para países pequeños como Ecuador. La tan discutida idea de que a mayor integración se produce más autonomía se cumple en forma limitada porque deja de lado el asunto de la jerarquía entre instituciones intergubernamentales. Esta manera de pensar minimiza el papel preponderante de las grandes potencias y sus intereses que influyen en las agendas del sistema internacional; de ahí que, por ejemplo, el tratamiento de temas relacionados con los derechos humanos presenten elevados niveles de discusión y politización en el seno de organismos internacionales como la OEA y las Naciones Unidas.      
 Las categorías y conceptos hasta ahora discutidos permiten constatar que la tríada poder, seguridad y sistema abre un campo de intervención de otras nociones que verán una relación de  mutua constitución entre estructuras sociales y agentes en las relaciones internacionales. Este acercamiento nos dará el constructivismo que asume al contexto internacional como producto de la acción de sus agentes y no como un dato establecido de antemano. 

1.2 Constructivismo y seguridad: tributos articuladores

En relaciones internacionales como en otras disciplinas sociales proceder a establecer la diferencia entre niveles de análisis resulta fundamental para delimitar los campos de observación y reflexión del problema investigado. En esta ocasión haré uso de categorías del constructivismo y principalmente del denominado proceso de segurización porque ayudan a entender la transformación de intereses del poder y las identidades de los actores en el orden doméstico y en el sistema internacional[8].



[8] Al constructivismo también se lo denomina reflectivismo porque da importancia a la reflexión humana sobre la naturaleza de las instituciones y el carácter de la política mundial. Esta denominación fue impuesta por Keohane quien consideró que estos enfoques son marginales en las relaciones internacionales (Salomón M 2002:22). En este estudio se utilizará constructivismo para distinguirlo de esas acepciones. De la misma manera se utiliza la segurización en lugar del anglicismo securitización.   

A principios de los noventa Barry Buzan[9] llamó la atención sobre la necesidad de incorporar al individuo en los análisis sobre seguridad. También mencionó que el Estado continuará siendo la figura principal para tratar temas de seguridad internacional porque es la entidad que debe lidiar con asuntos de seguridad subestatal y externa, constituye el agente primario de solución y tratamiento de la inseguridad de las personas y sigue ejerciendo rectorías o papeles dominantes en el sistema político internacional (Buzan 1991); no obstante de ese avance, dejó sin responder interrogantes que apuntan hacia el análisis de situaciones intermedias donde se cruzan temas que van más allá de enaltecer lo estatal o reducir la noción de seguridad a un resguardo existencial de las personas como fin último de toda acción social como pretenden hacerlo las posturas de seguridad humana.



[9] A este autor y a otros entre los que se destaca Ole Waever se los considera también representantes de la denominada Escuela de Copenhague. 

En efecto, si bien las corrientes liberales tienen la intención de expandir el concepto de seguridad humana a muchos ámbitos del conocimiento y análisis social no resuelven el problema de las fronteras existentes entre áreas de estudio y hacen indistinguible cualquier tipo de disciplina o subdisciplina en un amplio campo semántico denominado seguridad internacional; es más, la seguridad humana tiene dos grandes defectos: ensanchamiento conceptual y la dificultad  de ponerlo en práctica para obtener resultados concretos (Sotomayor 2007: 82-83).
 Teniendo en cuenta esas posiciones polarizadas estado-céntricas o antropocéntricas se nos presenta el dilema de ¿cómo arribar a dimensiones intermedias que permitan incorporar una serie de categorías que nos den cuenta de problemas intermésticos de seguridad e incluyan a la vez identidades nacionales específicas como la población colombiana refugiada en Ecuador? Responder a esa inquietud me lleva a agregar también la interrogante sobre ¿la seguridad de quien y para quién?, ya que en el desarrollo de la respuesta se canalizarán conjuntamente distintos tópicos del constructivismo.
 Para abordar el primer punto, el constructivismo de Buzan amplía el concepto de seguridad al incorporar 5 esferas en ella: militar, política, económica, social y ambiental, ejercicio que es adecuado porque abre campos segmentados de análisis (Buzan 1998:46); sin embargo, lo más importante tiene que ver con la noción de complejo de seguridad, entendido como el grupo de Estados que comparten preocupaciones y percepciones sobre determinados temas o amenazas. Este espacio es propicio para introducir tanto a la categoría hegemonía y sus intereses como a la categoría agentes seguritizadores porque se relaciona con el caso estudiado ya que corresponden a Estados Unidos, Colombia y Ecuador que tienen desempeños diferenciados en la misma región andina.
En el segundo punto, el constructivismo de Wendt produce acercamientos a la vida social de los actores, a sus identidades[10] y a la manera cómo procesan sus intereses;  brinda, además, mucha importancia al hecho de compartir ideas sin dejar de oponerse al materialismo[11], pues incluye a los poderes emergentes de las estructuras sociales y en esa medida se aleja de los enfoques basados en el individualismo. Motiva también la búsqueda de entendimiento acerca de cómo los actores se construyen socialmente, aunque no llega a decir cuáles actores estudiar o donde se han construido; por lo tanto, parte primero de escoger las unidades, los niveles de análisis, los agentes y las estructuras que van a estar involucradas (Wendt 1999).



[10] Buzan cuando habla sobre los objetos referentes de la seguridad menciona a la “comunidad” para diferenciarla del Estado y del individuo.
[11] Por materialista se entenderá la identificación que hace el autor sobre una parte –el realismo clásico- de la obra de K. Waltz Theory of international politics.  

Si bien existe una pretensión holística, la vertiente estructural es fuerte al sostener que las estructuras sociales tienen efectos que no pueden ser reducidos simplemente a las interacciones de los agentes, sino también en su capacidad transformadora de identidades e intereses (Wendt 1999: 26); de ahí que el constructivismo no proponga una teoría general y más bien realce un programa de investigación basado en las estructuras sociales que regulan las interacciones internacionales cuya relación será estudiada a través de enfoques racionalistas y argumentos epistemológicos obtenidos de varias disciplinas científicas.
 Respecto al problema del poder y sus políticas, éstas son asumidas como un proceso o constructo social que genera institucionalidad. Dichas instituciones pueden ser entendidas como estructuras relativamente estables que incluyen identidades e intereses de distintos actores que operan bajo determinadas normas o reglas en la medida que socializan y participan colectivamente en el conocimiento de las normativas aceptadas y difundidas dentro del sistema internacional. Desde ese punto de vista entonces, el constructivismo sostendrá que sin agentes no habrá instituciones –estructura-, y, sin instituciones, los agentes no tendrían la oportunidad de convertirse en actores con la capacidad suficiente de difundir conocimiento colectivo que es la instancia que dota de sentido a las normas y reglas de las instituciones (Wendt 1999: 311).
 Este último elemento es importante por cuanto vincula a las relaciones internacionales con las capacidades integradoras de la teoría de la estructuración donde la constitución de los agentes y las estructuras no son independientes una de otra; de hecho, las propiedades de los sistemas sociales son consideradas como medios y productos de las prácticas de los actores y esas propiedades de los sistemas organizan recurrentemente las prácticas de los actores (Ritzer 1993:497). De esa manera, el constructivismo combina niveles de análisis seguritarios e identitarios al considerar a la identidad como un elemento central, sea esta individual, grupal o institucional porque en su dinámica de interacción con el sistema –incluso intersubjetivamente- se establecen pautas del cómo se constituyen mutuamente en el proceso, aspecto que nos permite determinar su posición en el complejo de seguridad, intereses, poder y políticas.

1.3 El proceso de segurización



Las acciones y comportamientos de los agentes –Estados-, sus capacidades, preferencias, valores y percepciones serán objeto de atención en el proceso de segurización. ¿Cómo se construye socialmente la seguridad en países diferenciados donde uno de ellos posee capacidad hegemónica e influencia regional?

 Para entender mejor el concepto ampliado propuesto por Buzan, Waever y de Wilde, en su sentido general, la seguridad refiere a una situación que está por encima de lo político (Buzan, et al, 1998: 23). Esto quiere decir que en determinadas situaciones el Estado manejará restringidamente las decisiones políticas sobre la seguridad, decidirá con un grupo pequeño de líderes, destinará recursos financieros de una manera más rápida y limitará a la población varios derechos básicos que suele proteger bajo condiciones normales. Se hace esto cuando surge un peligro que es entendido como una amenaza existencial que requiere medidas de emergencia para no mermar las capacidades de respuesta del Estado.
 ¿Son generalizables estas situaciones? Obviamente el estado de excepción promovido por las amenazas y emergencias de la seguridad no existirá siempre. Si fuese así no tendríamos ningún derecho civil o político. Para salir de este atolladero, el mismo Buzan rompe con una parte de sus antecedentes realistas y propone una visión intersubjetiva de la seguridad que contiene procesos y actores. Esto implica que existe un actor o agente segurizante quien intenta establecer un tema o situación como una amenaza grave que debe ser tratado por fuera de la política normal. Cuando el actor segurizante lanza esta convocatoria, existirán sectores de distinta índole que estén de acuerdo con el actor segurizante y apoyen su creencia de que determinado asunto es en verdad un tema de seguridad.
 Pensemos en problemas sociales relacionados con consumo de drogas, tráfico y salud pública o con flujos migratorios que en un determinado momento se convierten en asuntos de seguridad nacional: ¿desde cuándo, por qué razón y cómo se transforman esos problemas sociales en tópicos seguridad nacional para Estados Unidos, Ecuador y Colombia?
 Dejemos momentáneamente a un lado la importancia que tiene la hegemonía en la construcción de temas de seguridad, ya que en ámbitos de las relaciones internacionales puede ser enmascarada bajo la figura de poder blando porque esta categoría posee la ventaja de camuflarse en el consenso, en la economía y no necesariamente en aspectos militares (Nye J, 2004). Introduzcamos más bien la afirmación de Buzan de que la seguridad es el resultado de un consenso entre varios actores y que Wendt desde su perspectiva también constructivista, ya nos advirtió de que las relaciones internacionales son el efecto de concepciones formadas subjetivamente en las mentes de varias personas y grupos de personas que en su conjunto impulsan las acciones de los Estados.
 Junto a esas percepciones, consensuadas o impuestas, se sitúan las amenazas, simétricas o asimétricas como un instrumento o bisagra conceptual que da forma a la segurización de determinadas circunstancias; de ahí que para que exista la segurización de un tema es necesario la existencia de argumentos que politicen la amenaza, se la incluya en la esfera y debate público, se desplieguen medidas desde el gobierno e incluso se preste a maniobras que sirvan a intereses específicos o particulares del actor segurirtizador (Buzan 1998: 23-29). De esa forma, al haber un agente o actor seguritizador también habrá un discurso seguritizante que identifique actores, intereses, describa conductas, señale correctivos y exprese posiciones ideológicas en torno a temas que como en el caso estudiado de Ecuador se entrelazan tópicos de seguridad y derechos humanos en escenarios que conjugan al mismo tiempo ordenes domésticos e internacionales[12].



[12] El tratamiento del ATPDA entre el Ecuador y los Estados Unidos de América es fiel constatación de lo mencionado.

Ahora bien, si aceptamos estas cualidades del proceso de segurización en el empeño analítico que aquí se desarrolla, también debemos incorporar la idea de los efectos o impactos que este proceso genera en la sociedad, en la institucionalidad estatal y en la democracia. A su momento debido analizaré las conexiones entre seguridad, democracia e institucionalidad, pero por el momento basta decir que al introducir el tema de derechos humanos como campo de análisis me aparto de esa lectura del realismo tradicional que se presenta como no-político y termina convertido en hostil al interés humano porque promueve un racionalismo frío que se ocupa de la ‘alta política’ de asuntos militares del Estado y no reconoce que esas políticas bélicas tienen consecuencias graves para personas reales (Sheehan 2005: 8).
 Bajo estas perspectivas abarcamos planos analíticos convergentes sobre derechos humanos, sociedades y Estados que presenten niveles de segurización vinculantes; sin embargo, estos planos requieren ser ampliados por un actor significativo: los medios de comunicación escrita. Dichos medios construyen figuras discursivas e imágenes que se desprenden de las percepciones gubernamentales sobre determinadas identidades –en este caso la colombiana- para mezclarse con las representaciones que se generan en el seno de la sociedad receptora local –la ecuatoriana- y de esa manera construir campos dialógicos que circulan como opinión pública pero que estigmatiza y discrimina a la población refugiada que llega al Ecuador en busca de protección humanitaria.




1.4 Constructivismo y medios de comunicación


Si bien los conceptos de seguridad aparecen en buena medida como resultado de las prácticas discursivas al interior de los Estados y sus portavoces se esfuerzan para hacer coincidir las ideas de amenaza regional o hemisférica con la noción de seguridad nacional[13], no deja de ser crucial el papel que cumplen los medios de comunicación para la reproducción social de esas figuras discursivas porque tanto los actos discursivos de las elites gubernamentales como la difusión mediática de esos conceptos segurizantes construyen el problema, regulan el debate y definen los tipos de amenazas para la sociedad y el Estado; de hecho, en el proceso de segurización que mencioné anteriormente, no solo influyen las percepciones consensuadas que se tenga sobre una amenaza, sino la legitimidad que se logre obtener para combatirla a través de una serie de acciones públicas.



[13] Para Ole Waever los actos del discurso son parte de las prácticas discursivas. Por definición “algo” es un problema de seguridad cuando las elites así lo declaran como amenaza para el Estado o sociedad (Waever 1993:54).

¿Cómo el constructivismo narra o describe la elaboración de políticas de seguridad y la prensa escrita difunde esas percepciones a través del uso de figuras discursivas y representaciones sociales? No olvidemos que el constructivismo reconoce el peso que tiene la identidad y la cultura en las decisiones de un Estado porque al considerar la importancia de esas dimensiones en el desarrollo histórico de una sociedad, incorpora necesariamente imágenes sobre el mundo en el que interviene e interactúa, llegando incluso a provocar posicionamientos políticos frente a determinados temas como por ejemplo, la inmigración y los peligros que ella podría representar para la población local. Ahí es cuando la legitimidad se obtiene a través del uso de figuras discursivas que apelan al nacionalismo y sus matrices identitarias primordiales que ven al extranjero en general y al inmigrante colombiano en particular como recurso para cerrar el círculo vinculante de seguridad, medios escritos de comunicación e identidades sociales.
 Partamos también del postulado constructivista de que la seguridad es algo que definimos y no estrictamente algo externo a lo que respondemos. En esa definición, el discurso y sus derivados en forma de reglas y políticas constituyen las herramientas de la construcción social, ya que los agentes por medio del lenguaje crean prácticas e identidades que operan  en cualquier contexto social y sin necesidad de que exista la predeterminación del hecho o el diseño consciente (Onuf 10-13). Incluso, dentro del tema seguridad existen posiciones que señalan la existencia de capas o niveles de ambientes culturales –cultura política- en que los Estados se mueven para concretar sus intereses y desarrollar una cultura de seguridad nacional (Japperson, Wendt y Katzenstein: 1996).     
 De esa manera, el Estado es portador de un discurso con el que se trata de persuadir al destinatario para aceptar los valores, imágenes y prácticas del mismo. El destinatario lo interpreta y le da sentido dentro de un marco segurizante que muchas ocasiones vulnera los derechos humanos de las personas que están real o supuestamente asociadas a los peligros y amenazas al Estado nacional.
 Con todos esos argumentos, la pretensión de juntar constructivismo y medios de comunicación escrita[14] en la presente investigación no se encamina a realizar un análisis del discurso propiamente dicho en estricto sentido, sino a ubicar la manera cómo se establece una relación de construcción segurizante entre agentes políticos o gubernamentales y figuras discursivas y representaciones que son dirigidas a la población inmigrante colombiana que vive en Ecuador. Desde luego, un aspecto importante será observar cómo estas figuras discursivas impactan negativamente en la percepción de la sociedad receptora al reproducir estigmas y aspectos negativos, es decir, cómo los actos discursivos se constituyen en problema de seguridad por el simple acto de declarar que algo es una amenaza para la seguridad nacional.



[14] El espacio temporal de análisis de la prensa escrita se situará en dos períodos diferenciados 2002-2003 y 2005-2006 que se relacionan directamente con el incremento de la violencia en Colombia y la masiva llegada de refugiados desde ese país al Ecuador.

2. SEGUNDO ENLACE: REGÍMENES INTERNACIONALES, DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD

La acelerada transformación de las economías a nivel mundial y regional como parte del proceso de globalización promovió variadas reflexiones disciplinarias. Una de ellas se situó en el campo de las relaciones internacionales y la seguridad que miró con preocupación que sus iniciales certezas teóricas ya no daban cuenta de la rápida y compleja dinámica con la que se modificaban sociedades e instituciones. 
 Bajo esos contextos surge el institucionalismo neoliberal o interdependentismo que promovió una lectura de la política mundial como escenarios viables de cooperación de los estados a pesar del pesimismo anárquico sustentado por el realismo. El énfasis puesto en los  canales múltiples que constituyen las relaciones intergubernamentales; la ausencia de jerarquías en los temas internacionales pues la seguridad militar en estricto sentido ya no dominaba las agendas; las estrategias de vinculación que permiten reducir la incertidumbre y fortalecer las relaciones transnacionales y transgubernamentales; son, entre otros, los ingredientes que hacen parte de la interdependencia compleja (Keohane, Nye 1988).
 En esa perspectiva se resalta la función de los organismos internacionales que pretendieron establecer prioridades en las agendas gubernamentales, es decir, las organizaciones internacionales son entendidas como una clase especifica de instituciones que tienen un rol concreto en los procesos de reconfiguración de intereses estatales. Este aspecto, si bien ayudó a la formación de coaliciones que favorecieron a los Estados más débiles para obtener recursos en determinado campo, no logró responder a expectativas mayores debido a las tempranas limitaciones de la interdependencia porque se constató rápidamente la incapacidad de las instituciones para lograr obligatoriedad y compromisos de los Estados que con mayor peso y hegemonía llegaron a imponer sus intereses sobre el resto de participantes. Se comprobaba entonces que algunas premisas del realismo seguían otorgando mejores explicaciones para entender la política internacional y se entró en una etapa de debate y reflexión que produjo la noción de regímenes internacionales como fórmula integradora de posiciones disímiles. 
En efecto, es importante mencionar que uno de los resultados más beneficiosos para la investigación en relaciones internacionales provino del debate producido entre posturas neoliberales institucionalistas[15] y realistas que dieron lugar al uso del concepto  regímenes internacionales.



[15] Fue Guy Peters (2003) quien más ha difundido la asociación del concepto de instituciones con la noción de regímenes internacionales.

“Los regímenes internacionales son un conjunto de principios implícitos o explícitos, normas, reglas y procedimientos de toma de decisiones en torno a los cuales las expectativas de los actores convergen en un área determinada de las relaciones internacionales. Los principios son creencias de hecho, de causalidad o de rectitud. Las normas son estándares de comportamiento definidas en términos de derechos y obligaciones. Las reglas son prescripciones o proscripciones para la acción específica. Los procedimientos de toma de decisiones son las prácticas prevalecientes para llevar a cabo y aplicar las decisiones colectivas” (Krasner 1983:2).

Ya se mencionó en páginas anteriores que este tipo de definiciones fueron criticadas en su debido momento histórico. Susan Strange, por ejemplo, a más de afirmar que el concepto presenta ambigüedad, imprecisión y es objeto de múltiples entendidos según el interés del actor, contiene básicamente una seria limitación al ocultar las dimensiones del poder económico y político (Strange 1982).
 Ahora bien y más allá de asumir esa importante crítica, los regímenes pueden ser formales por naturaleza o pueden consistir en arreglos informales. Mientras los primeros pueden ser el resultado de la legislación de organizaciones internacionales con sus respectivos consejos que los gobiernan y sus estructuras burocráticas, los segundos pueden estar sustentados en consenso de objetivos y de intereses mutuos entre los participantes a través de acuerdos ad hoc; en suma, el concepto de régimen representa un intento de refinar la teoría realista, pero también un esfuerzo por abordar la base de las estructuras y procesos de colaboración internacional de importancia inmediata  (Dougherty, Pfaltzgraff 1993:180-184). 
 Considerando esas perspectivas y limitaciones, ¿se pueden analizar casos de países que contengan dimensiones realistas en sus políticas de seguridad y al mismo tiempo existan compromisos estatales derivados del acatamiento de varias reglas que exige el régimen internacional de derechos humanos? Definitivamente, el estudio sobre el Ecuador presenta esas características porque está inserto o vinculado a las estrategias de seguridad regional que tienen lógicas realistas y a la vez debe cumplir obligaciones contraídas de la ratificación que ha hecho como país de los convenios y tratados internacionales de protección humanitaria sobre asilo y refugio[16].


[16] El análisis de estas dimensiones de protección humanitaria se las desarrollará en capítulos posteriores.

Estas conjugaciones aparentemente excluyentes pueden ser miradas desde escuelas de pensamiento de las relaciones  internacionales que proponen incorporar las percepciones de los actores sin menospreciar sus intereses y sin que el peso de las instituciones sea menospreciada o soslayada su influencia. Este abordaje es efectuado por el denominado constructivismo reflexivo o cognitivismo que no mira a los actores como entidades estrictamente racionales pues sostiene que la cooperación no puede ser explicada sin hacer referencia a la ideología de los mismos actores, ni a su capacidad de aprendizaje y manejo de la información que los dota de valores y creencias sobre ciertos temas para alcanzar objetivos específicos[17].


[17] Haggard S y Simmons B, “Thoeries of International Regimes” citados en Novensa Marc, Una reflexión sobre regímenes internacionales, http://mbounovensa.geoglepages.com/Regimenesinternacionales.blog.pdf      

Precisamente, ese conocimiento de las dinámicas estatales y la comunicación como campo de intervención es esencial para estudiar el comportamiento de los actores en la esfera internacional porque el papel de las ideas, expresadas como proposiciones causales sobre la formación o el cambio de los regímenes, permite mirar las preferencias de los actores y sus prácticas cooperativas. De ahí que sea posible cuestionar el argumento del excesivo peso racionalista de los Estados porque la posición de los actores sociales internacionales es una construcción social que opera en campos de intervención, vigilancia y participación nacional e internacional[18].



[18] Sin hacer explícita la mención se están refiriendo a las ONGs internacionales que operan en varios temas de derechos humanos y que generalmente tienen espacios de diálogo e intervención en el sistema de cooperación multilateral que conectan intereses internacionales con los nacionales.

Considerando esos puntos de vista e independientemente de que el régimen internacional sea asumido como negociado o impuesto, existen temas casi fundacionales como los derechos humanos que se han se han mantenido constantes a lo largo de varias décadas y que permanecen vigentes en las agendas de organismos multilaterales y Estados nacionales. Esto no implica necesariamente que existan todo el tiempo consensos sobre la centralidad del tema humanitario en las políticas internacionales de cooperación; de hecho, los disensos pueden llegar a ser expresión notable de disfunciones que socavan la legitimidad del régimen, ya que éste no opera en el vacío ni constituye un muro infranqueable porque está inserto en un contexto histórico político que condiciona su rendimiento y sus resultados (Novensá 2004).    
 De ahí que los espacios internacionales y nacionales donde operan actores estatales y no estatales con lógicas seguritizadas constituyan un reto para la aplicación de normativas y protecciones humanitarias generadas en el mismo seno del régimen internacional que mira absorto el aparecimiento de tensiones sin resolver en su misma estructura organizativa.

2.1 Las tensiones entre políticas de seguridad y régimen internacional humanitario

Hace algún tiempo la literatura en relaciones internacionales se preguntó sobre la importancia y la capacidad efectiva del régimen para construir un poder autónomo e independiente sobre los estados que son partícipes, mucho más sobre los que ejercen rectoría en temas cruciales de la agenda (Keating 1993). Una posible salida a esta interrogante consistió en entender que los regímenes no eran constructos totales sino órdenes parciales, creados ex profeso y de alcance regional o mundial cuyo propósito es sustraer ciertas áreas de la política internacional del ámbito de las prácticas unilaterales para crear expectativas comunes y elevar el grado de transparencia en un ámbito determinado de la política y así propiciar que los Estados y otros actores trabajen conjuntamente con el fin de alcanzar objetivos comunes y establezcan políticas de cooperación (Hasenclever, et, al 1999: 502).
 ¿Resulta ser cierta esa afirmación de sustracción unilateral y transparencia real en un tema tan importante como los derechos humanos que se analiza en esta investigación? Recordemos que los mismos representantes del interdependentismo hace varios años mencionaron que uno de los límites del régimen internacional y su modelo de organización solo tiene altas probabilidades de ser aplicable bajo las condiciones de interdependencia compleja y, aún de esa manera, los resultados esperados pueden ser invalidados por gobiernos decididos a utilizar su poder (Keohane y Nye 1988).    
 Bajo esa perspectiva, el derecho internacional y las instituciones existen, pero su habilidad de ser una estructura supranacional se ve cuestionada por las acciones concretas de países que operan bajo premisas ancladas en el interés nacional y el poder material; de ahí que dada la carencia de una identificación cognitiva positiva sobre la que fundar regímenes de seguridad, la política del poder dentro del sistema consistirá, necesariamente, en los esfuerzos por manipular a los otros para satisfacer los intereses propios (Wendt 2005: 6).
 Con los antecedentes anotados, ¿se pueden negar los intereses de seguridad nacional estadounidense sobre la región andina a pesar de existir un régimen internacional de derechos humanos en el que participan Ecuador, Colombia y los mismos EEUU?
 Resulta difícil pensar que el sistema internacional en su intención de preservar la integración y la cooperación deje a un lado el papel de la hegemonía estadounidense, más aún si ésta se mantiene permanente desde hace varias décadas. La premisa “la paz mediante la ley” se cumple en términos muy relativos en escenarios realistas porque las instituciones que propician la cooperación no ordenan lo que los gobiernos deben hacer (Keohane, 406), pero si constituyen mecanismos de observación, llamados de atención e incluso juzgamiento y sanciones ante violaciones de normativas internacionales como en el caso de los derechos humanos.
 Lo expuesto con anterioridad no implica que se cumpla a cabalidad ese postulado de cooperación en un tema muy complejo como los derechos humanos, ya que en el mismo sistema internacional se producen dinámicas que van más allá de los ámbitos normativos de protección humanitaria al depender de las interacciones de intereses y juegos de poder. No es lo mismo, por ejemplo, alinear intereses en torno a sanciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos producidas por las dictaduras militares del cono sur en los años setentas que establecer acuerdos consensuados sobre los impactos negativos de la guerra contra las drogas en la región andina desde 1998 y que es precisamente un componente importante de esta investigación.
 Como veremos más adelante, el dilema existente en torno al tema derechos humanos y seguridad se analizará en casos concretos relacionados con el narcotráfico y el refugio humanitario porque en ambos se intersectan lógicas del régimen internacional de protección a los derechos humanos que exige cooperación, aún entre países con distintos niveles de poder y desarrollo por los compromisos adquiridos; y, las políticas internacionales de seguridad que vulneran esos mismos derechos en una suerte de lógica perversa que coquetea con realismos e interdependentismos según la ocasión, y que oculta los consensos intersubjetivos entre los actores que constituyen las identidades e intereses tanto de las políticas de seguridad nacional como las del régimen internacional.
 Este ocultamiento es producido en parte por una lectura superficial que considera a las normas internacionales como reguladoras del comportamiento de los actores sin mirar las  reglas constitutivas, esenciales para entender los aspectos intersubjetivos de las relaciones internacionales y también porque el realismo y el neoliberalismo institucional no son sociales, es decir, descuidan la manera en que los actores se constituyen socialmente en la política mundial (Wendt 1999:92). Esa constitución social que puede ser llamada informal es la que también concentra mi atención analítica porque constituye el espacio donde se intersectan las lógicas seguritarias y las de protección humanitaria.


3. TERCER ENLACE: RENDICIÓN DE CUENTAS Y SEGURIDAD NACIONAL

El tema de la rendición de cuentas que en lengua inglesa se la denomina accountability, ha tenido un escaso tratamiento por parte de las relaciones internacionales y la sociología política al momento de vincular analíticamente este concepto con aspectos de seguridad nacional. Por lo general, los estudios contemporáneos se han circunscrito a describir los asuntos de defensa nacional propiamente dichos, a evaluar los resultados del diálogo civil militar como pauta del funcionamiento de la gobernabilidad luego de la transición a la democracia y, a debatir sobre la naturaleza tutelar de las fuerzas armadas en países con una débil institucionalidad estatal y social que, si bien posee dinámicas democráticas formales, no han logrado todavía establecer controles civiles efectivos sobre las fuerzas armadas (Rivera, 2001). 
 En América Latina, con pocas excepciones, las cuestiones relativas a la seguridad nacional se siguen tratando en círculos políticos cerrados, herencia y a la vez presente del peso corporativo militar, y cuando se la refiere como tema de política pública, a más de existir un innecesario secretismo, se la encuentra asociada a procesos limitados de acceso a la información que frena cualquier intento de dotar de legitimidad al sistema político en términos de control y vigilancia sobre sus fuerzas militares y policiales. Al existir estas prácticas se reduce la capacidad del régimen democrático para discutir públicamente las reglas del juego político, los programas gubernamentales de seguridad en general y los asuntos militares en particular.
 En efecto, en el Ecuador a más del denominado proceso de seguritización señalado en páginas anteriores, hay que mencionar que cuando los temas de seguridad “colonizan” los ámbitos institucionales, la esfera pública, los ámbitos privados y repercuten en el mundo de vida cotidiana de la sociedad civil, entran en funcionamiento acciones que se caracterizan por la discrecionalidad en el manejo de las decisiones políticas que sirven como pretexto para mantener ordenes excluyentes.
 Son precisamente este tipo de situaciones las que se presentan de manera recurrente en el Ecuador cuando los temas de seguridad nacional y política exterior se mezclan bajo el manto protector del secreto no justificado; cuando los responsables gubernamentales de las decisiones que impactan negativamente en el país quedan impunes y sin sanciones por falta de voluntad política y; cuando las entidades estatales así como las organizaciones de la sociedad civil que hacen de voceros u observadores sobre los temas de seguridad nacional, evidencian limitaciones para hacer cumplir la rendición de cuentas como valor y procedimientos de la democracia.
Estas razones se concretan en dos instituciones que operan por separado en la esfera pública relacionada con seguridad nacional y derechos humanos. La primera, el Congreso Nacional, específicamente la Comisión Especial Permanente de Asuntos Internacionales y Defensa Nacional[19], entidad encargada del control horizontal a otras instancias estatales  gubernamentales. La segunda, integrante de la sociedad civil, la red de ONGs articuladas en torno a OIPAZ que ha asumido el papel de portavoz y vigilancia sobre el accionar estatal en temas de seguridad nacional que impacta en los derechos humanos de la población. Ambas han trabajado, posicionado, evaluado y divergido sobre las consecuencias internas y externas de la inserción ecuatoriana en la estrategia de seguridad regional estadounidense y en los resultados de esta vinculación para las relaciones bilaterales con Colombia.



[19] La Constitución Política de Ecuador define entre las facultades del Parlamento en materia específica de defensa la potestad de “expedir, reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio; conoce y aprueba los proyectos de ley referentes a la defensa nacional y aprueba o desaprueba los tratados y convenios internacionales relacionados. Además de la tarea de fiscalización de las acciones relacionadas con la defensa, conoce la participación de las FF.AA en operaciones de paz y asistencia humanitaria; aprueba el presupuesto destinado a la defensa nacional, y aprueba o deroga el estado de emergencia decretado por el Presidente de la República(Ministerio de Defensa Nacional, 2006:46). En términos de funcionamiento legislativo existe la Comisión de Asuntos Internacionales y de Defensa Nacional cuyo fin es “presentar informes al Congreso Nacional sobre los tratados y convenios internacionales, referidos a materia territorial o de limites; que establezcan alianzas políticas o militares internacionales; que comprometan al país en acuerdos de integración, que atribuyan a un organismo internacional o supranacional, el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución o la Ley” (República de Ecuador, 1998:Art.144).

3.1 Una versión acotada de democracia: valores y procedimientos

No es la intención en esta sección presentar una discusión ampliada y sistemática del ya de por si complejo y resbaladizo concepto de democracia. Si bien existe una profusa literatura que la mira como régimen político, indisociable de una concepción sustantiva de los fines de la institucionalidad política y de una visión sobre el tipo de ser humano que le corresponde, también se puede dar una definición de democracia tan buena como cualquier otra: la democracia es el régimen en el que la esfera pública se hace verdadera y efectivamente pública, pertenece a todos y está efectivamente abierta a la participación de todos (Castoriadis, 1996); o genéricamente, definir a la democracia como un régimen o sistema de gobierno en donde los mandatarios son obligados a rendir cuentas sobre sus acciones en la vida pública por los ciudadanos que actúan indirectamente a través de la competencia y cooperación de sus representantes (Schmitter 2003).
Exponer de esa manera directa estos conceptos vinculados me permite delimitar y situar instrumentalmente el asunto de procedimientos y valores de la democracia que son útiles para esta investigación, a la vez que deja de lado intencionalmente las posiciones que criticarían esta opción por dar mayor énfasis a los procedimientos antes que a las sustancias de la democracia[20]. En efecto, en la larga trayectoria histórica de la democracia se han conjugado nociones que la definen como método y como valor y que hace parte de la llamada teoría democrática que, en tanto teoría política, involucra el plano normativo pero también el empírico, y por lo tanto, puede ser concebida como un conjunto de ideales, normas, preceptos, así como un tipo muy específico de régimen político y de organización institucional (Cisneros, 2000: 759).



[20] Se tiene muy en claro que los procedimientos democráticos constituyen una parte importante, pero solo una parte, de un régimen democrático que de por sí contiene muchas más dimensiones de las aquí anotadas. 

De esa manera, y más allá de los debates establecidos en torno a la confusión terminológica que navega entre las definiciones normativas o prescriptivas y las empíricas o descriptivas, estoy tomando partido por las nociones que se apartan del deber ser o imagen ideal de plena democracia que no ha sido posible establecer en países como los latinoamericanos que hasta la actualidad siguen carentes de varios derechos universales y particulares que satisfagan el bienestar de la población. Es por ello que si la rendición de cuentas constituye uno de los procedimientos democráticos vinculados a las definiciones descriptivas que se asocian a la idea de controles cruzados del legislativo a los otros poderes y a la auditoria ciudadana para la vigilancia de las acciones políticas, tanto de los funcionarios estatales como de los representantes elegidos en votaciones regulares, no existe inconveniente alguno en asumir esta postura para los fines analíticos en esta investigación. De hecho, la participación ciudadana en el control de la política y en las decisiones públicas así como en la construcción de veedurías o auditorias es considerada parte integrante de las definiciones de democracia directa.
 En términos generales, existe el consenso de que en democracia se requiere la separación de poderes para su buen funcionamiento y equilibrio institucional. En esa separación, el Congreso o Parlamento tiene entre sus obligaciones, a más de legislar, la potestad de incidir en la dirección, evaluación y sanción de las acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo a través de juicios políticos desarrollados por algún miembro de partido político o representante popular elegido ante el legislativo. De esa forma se establecen controles intergubernamentales que generan estructuras estables que conectan a los representantes con los representados y, al mismo tiempo, brindan sentido de inclusión  a la población en asuntos públicos como por ejemplo los de defensa, seguridad y política exterior.
Ahora bien, el ejercicio democrático de controles intergubernamentales tiene también reservas en determinados tópicos que no pueden ser debatidos abiertamente debido a los peligros que podría acarrear para un país el tratamiento de información sensible que repercutiría en la vulnerabilidad del mismo. Uno de ellos es la defensa y la seguridad nacional que, por lo general, cuenta con un diseño institucional muy complejo que no permite muchas posibilidades de discusión pública y rendición de cuentas desde el mismo Congreso y desde la sociedad civil; en efecto, son varios los países latinoamericanos que están sujetos a la observancia y vetos que pueden hacer las FFAA sobre determinados temas en una suerte de injerencia política que va más allá de sus competencias profesionales (Rivera 2001).
 Este tipo de situaciones pueden variar en cada caso, pero en países que están incluidos en problemáticas regionales donde intervienen intereses hegemónicos y diversos actores  locales, es pertinente plantearse la pregunta ¿Cómo se procesan los temas de seguridad nacional en países como el Ecuador que posee una institucionalidad estatal débil, una sociedad civil con escasa formación en temas de seguridad y política exterior y unas fuerzas públicas del orden que ejercen  presión sobre el derecho ciudadano a la rendición de cuentas y acceso a la información?
 Todas estas interrogantes integran un análisis del complejo problema de las accountabilities políticas sobre temas de seguridad nacional que atraviesan tres dimensiones conectadas entre sí: 

a) un contexto internacional donde se expresan intereses y se diseñan políticas y estrategias regionales de las que hacen parte los países involucrados[21];



[21] La percepción estadounidense que liga narcotráfico, guerrilla y terrorismo como amenazas a su seguridad interna conlleva un tratamiento específico sobre el área andina y la idea de regionalizar el conflicto colombiano más allá de sus linderos nacionales.

b) un contexto binacional donde se concretan esas estrategias en términos de agentes seguritizadores, prácticas políticas, discursos e impactos sobre la democracia y los derechos humanos; y,
c) un contexto local nacional, relacionado con la sociedad civil y la esfera pública donde se genera un tipo de institucionalidad no estatal que contribuye a la rendición de cuentas políticas y simbólicas que de una manera u otra construye ciudadanía y promueve procesos de aprendizaje colectivo en temas poco accesibles como la seguridad nacional, la cual, a su vez, se halla vinculada en esta investigación con la denominada guerra contra las drogas y el procesamiento político que se hace sobre la inmigración colombiana que repercute en la democracia y en los derechos humanos de la población tanto colombiana como ecuatoriana.

3.2 Las accountabilities o rendición de cuentas: algunas tipologías e instituciones

En regímenes democráticos la rendición de cuentas está relacionada, entre otros factores, con el sistema de representación y sus mecanismos de funcionamiento electoral ya que implica una conexión entre los resultados alcanzados por los representantes y las sanciones que la ciudadanía puede imponer en caso de no estar satisfecha con la actuación de sus elegidos. La rendición de cuentas es así una característica asociada a la representación política, dado que la población votante puede premiar o revocar la confianza depositada en sus representantes a través de las elecciones, las cuales tienen un carácter retrospectivo debido a que la ciudadanía elabora sus criterios con base a las actuaciones pasadas de los representantes (Manin, et, al 1999: 10-45).
 En principio, la representación ayuda a establecer las capacidades y las prácticas democráticas al construir autonomías entre el representante y el representado y no una relación de dependencia al implicar una conexión mutua donde se reconoce la participación del representado. Este sistema es potencialmente democrático porque un representado personifica sus intereses y capacidades a través de su representante, lo cual involucra una comunicación efectiva de estos intereses durante la relación. Es así que la representación aparece como constructiva ya que produce conocimiento y la habilidad para llegar a acuerdos (Plotke 1997).
 ¿Se producen realmente esas situaciones? Las principales críticas cuestionan sobre si el carácter de la política de los representantes es igual a la de los votantes y si su plataforma y gestión partidaria es necesariamente la mejor para los intereses de quienes los eligieron; de hecho, es muy probable, como ya ha sucedido en varios casos, que los representantes se desvíen del mandato de representación y no asuman debidamente el concepto de responsabilidad de la representación que, ejercido de esa manera, vulnera un importante valor democrático y cuestiona a las elecciones como mecanismo suficiente para asegurar que los gobiernos hagan lo adecuado para maximizar el bienestar de la población (Manin, et, al, 1999).
Para superar las limitaciones de ese tipo de rendición de cuentas se han creado agencias estatales que tienen la autoridad legal y están capacitadas para emprender acciones que van desde el control rutinario hasta sanciones judiciales en relación con actos u omisiones de otras entidades estatales, que pueden, en principio o presuntamente, ser calificados como ilegales. Para que este tipo de accountability horizontal sea efectiva deben existir agencias estatales autorizadas y dispuestas a supervisar, controlar, rectificar y sancionar actos ilícitos de otras agencias estatales del Estado donde las primeras posean, no solo la autoridad legal para proceder de esa forma, sino también, de facto, autonomía suficiente respecto de las segundas (O` Donnell 1997b: 152-160).   
 De esa forma, la creación de instituciones públicas destinadas al control del funcionamiento y eficacia del gobierno se encuentra bajo formas de auditorías  generales, procuradurías, comités u comisiones especiales parlamentarias, consejos especializados anticorrupción, entre otras agencias. Tales instituciones son formas horizontales que monitorean otras ramas del gobierno y su labor es vinculante y obligatoria. Como en los controles al poder, las obligaciones de unos son los derechos de los otros, la idea de accountability contempla de antemano a las dos partes involucradas y supone, por un  lado, la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público, es decir, la obligación de los gobernantes de responder las solicitudes de información y los cuestionamientos de los gobernados y; de otro, la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso hayan violado sus deberes públicos (Schedler 2004:12).
 Por otro lado, se encuentran las formas de vertical accountability que son el resultado de la creciente insatisfacción con el control de transparencia ejercido por los agencias del gobierno. Si bien algunas formas verticales de transparencia y responsabilidad implican el ejercicio electoral de los ciudadanos para monitorear a sus representantes y a las diferentes organizaciones civiles, dichas formas tienen límites en la implementación de la vocería y la voluntad de cada uno de los ciudadanos; de ahí que una forma importante de complementar la rendición de cuentas sea la participación ciudadana en mecanismos de control y vigilancia social[22], tanto a las formas horizontales que comprenden instancias estatales y gubernamentales, como a las formas verticales del sistema de representación en sí mismo que involucra a los partidos políticos y su gestión parlamentaria y pública.



[22] La participación social está contemplada como derecho ciudadano en la Constitución ecuatoriana de 1998. 

Los mecanismos de control social se refieren a una serie de acciones llevadas a cabo por actores sociales que conforman una gran variedad de organizaciones que se reconocen como poseedoras legítimas de derechos para reclamar y pedir sanciones por las malas gestiones de las autoridades políticas. Para lograr estos objetivos se articulan mecanismos institucionales como no institucionales, pero lo fundamental es que dichos controles sociales no dependen de un proceso electoral ni son monitoreados por algún mando constitucional a diferencia de los mecanismos de control horizontal que si lo hacen (Smulovitz y Peruzzotti 2003).   
 La rendición de cuentas en política normalmente abarca tres dimensiones: información, justificación y sanciones, no obstante, se trata de variables que presentan grados de intensidad diferenciada de acuerdo a como se ejerza e implemente el poder porque nadie puede pedir cuentas a alguien por asuntos que están fuera de su control. Para que funcione adecuadamente la accountability no basta la buena voluntad, sino que se requiere mecanismos que develen los actos, las decisiones y las políticas de toda autoridad.
 Rendir cuentas es también establecer un diálogo, abrir un puente de comunicación permanente, institucional, sin pretextos, entre funcionarios y ciudadanos para obtener vigilancia, supervisión y monitoreo (Schedler 2004: 23-27); sin embargo, ¿cómo se establecen los criterios para determinar qué información es clasificada o sensible para el Estado?; ¿cuáles son los mecanismos legítimos de acceso a datos reservados oficiales y sus límites de difusión? Por lo general, los criterios de discrecionalidad serán distintos en cada país, pero estarán sujetos al diseño institucional legal, al área administrativa, financiera, religiosa, gremial, etc., del agente solicitante, así como al nivel de organización política y capacidad de movilización que despliegue el actor social que exige esa información en democracia.
 En términos generales, los dos tipos de controles o rendición de cuentas coexisten en democracias representativas donde se han desarrollado instituciones que regulan los derechos y la vida política de su población, pero ¿qué sucede cuando esos controles pretenden cohabitar en democracias delegativas con entidades de apariencia formal representativa como la ecuatoriana donde se producen híbridos políticos que contienen a la vez elementos democráticos y autoritarios?
 La literatura sobre consolidación de regímenes democráticos nos advierte que en países con reducida efectividad institucional y ciudadanías de baja intensidad es difícil realizar un corte claro entre el tipo de democracia que se organiza alrededor de la delegación representativa y el tipo donde los elementos delegativos eclipsan a los representativos que, frecuentemente, generan una disyunción entre el país real y el país legal (O` Donnell 1997a: 295; 2007: 68-70). En efecto, la reducida correspondencia entre las normas vigentes y las prácticas políticas conduce a la necesidad de cambios constantes para adaptar los intereses generales a los particulares; de ahí que las instituciones se vean obligadas a adecuarse a objetivos, necesidades, prácticas y procedimientos que les son extraños y que terminan por alterar radicalmente su propia esencia (Pachano 2002) en un juego político perverso que mezcla prácticas informales con la normatividad formal donde la ley se acoge pero no se la cumple debidamente.
 Con estos antecedentes, cada dimensión de las accountabilities tendrá necesariamente que funcionar dentro de lógicas dispersas intra-sistémicas enquistadas en las organizaciones públicas y burocráticas asociadas a las distintas funciones del Estado; y, al mismo tiempo, organizar accountability social desde cualquiera de las asociaciones que componen la sociedad civil en un contexto nacional que, como he mencionado anteriormente, se halla segurizado en determinados aspectos de la política exterior y de la política pública interna del Ecuador. 

3.3 Seguridad nacional y rendición de cuentas. Una coexistencia compleja

Este tema, asociado directamente con el anterior, tiene que ver con las características que adopta el tratamiento de los asuntos de seguridad nacional en términos de procedimientos y valores democráticos vinculados con el ejercicio de las accountabilities. En este contexto surge la interrogante de si el régimen democrático en Ecuador, sus instituciones estatales y los partidos políticos en particular, poseen la capacidad para establecer mecanismos adecuados de control y transparencia sobre las entidades que tienen la responsabilidad constitucional de generar orden y paz pública.
 Aunque este espacio no expondrá la discusión establecida en torno a los procesos de transición de las dictaduras a las democracias en América Latina y específicamente en Ecuador[23], si mencionará que uno de los legados del pasado reciente está relacionado directamente con la vigencia de leyes de seguridad nacional que son parte, entre muchos aspectos de dos tipos de herencias. Por un lado, las interpretaciones efectuadas sobre amenazas externas e internas elaboradas en la guerra fría a través de percepciones que han sufrido pocas modificaciones; y, de otro lado, la herencia y continuidad de múltiples intereses corporativos de las fuerzas armadas y estamentos policiales  que, utilizando sus propias apreciaciones, poco o nada consensuadas con el resto de la sociedad, han desarrollado una institucionalidad autónoma y con pocos controles públicos desde los  años sesenta.



[23] Los países latinoamericanos que sufrieron golpes de Estado y dictaduras durante las últimas cuatro décadas, sean estas estrictamente militares, civiles o mixtas, tienen el denominador común de ser depositarias de una interpretación unilateral de la seguridad nacional que, basada a su vez en una doctrina de seguridad nacional, operó independientemente de la época y el lugar donde se procedió a romper el orden democrático. Por lo general, las fuerzas golpistas enarbolaron el discurso de defensa de los “sagrados intereses de la nación y el peligro de la disolución social ante las amenazas externas e internas” como pretexto para las intervenciones autoritarias. En términos generales, la tradicional teoría de seguridad nacional es un conjunto de conceptos articulados que procuran conjurar las amenazas que pueden pesar sobre los valores esenciales o intereses vitales que hacen a la existencia e identidad del Estado: soberanía, independencia e integridad territorial (Ugarte 2004:13).   

En efecto, estas gestiones autónomas en diversos campos de la sociedad se han expresado, no sólo en la intervención en áreas de seguridad tradicionalmente asignadas a militares y policías, sino en el manejo y participación en una compleja red de empresas que no necesariamente están vinculadas a la defensa y la seguridad (Rivera 2001: 208), asunto que ha distorsionado los roles profesionales y las competencias públicas que deben tener las fuerzas armadas en regímenes democráticos que operan con controles cruzados de sus instituciones estatales. De esa forma, el problema se vuelve contingente porque la rendición de cuentas, producto y valor de las nuevas reglas de juego democrático, debe coexistir no solo con ese legado tutelar e intereses de las fuerzas armadas sobre temas públicos de seguridad, defensa y economía, sino con la informalidad y particularismos de los partidos políticos que reducen la legitimidad y transparencia de los mecanismos de control establecidos para el buen funcionamiento de la democracia.
Si asumimos que nuestras sociedades presentan en su cultura y sistema político rasgos clientelares, prebendarios y patrimoniales, hay que aceptar la idea de que esos particularismos cohabitan en incómoda tensión con las reglas formales de ese <deber ser>  que vendría a ser el complejo institucional democrático. Desde esta perspectiva, la accountability, uno de los valores y derechos necesarios para el desempeño de la vida política en democracia se halla atrapada entre dos polos tensos; por un  lado, la rendición de cuentas, especialmente la horizontal, funcionaría inadecuadamente porque existiría una subordinación o cooptación de las instancias de control público a los intereses coyunturales del gobierno de turno[24] o a una alianza de partidos con proyectos particulares; y, de otro lado, se reducirían los escenarios de intervención de la rendición de cuentas vertical, por cuanto las organizaciones de la sociedad civil se verían condicionadas por mecanismos informales, impuestos por agentes gubernamentales y partidos políticos que reducen la autonomía de los actores y bajan las potencialidades de exigibilidad de derechos ciudadanos frente a las autoridades.



[24] Como veremos más adelante, esos intereses coyunturales variarán de acuerdo a las características que presente la relación del país con la estrategia estadounidense para la región andina y con los temas de agenda establecidos en la relación bilateral con Colombia. Es necesario mencionar que durante el período que he seleccionado para el análisis 2000- 2006 se sucedieron varios gobiernos con distintos posiciones ideológicas en torno a la seguridad y la política exterior.  

Para analizar la rendición de cuentas sobre seguridad nacional en el Ecuador en el período 2000-2006, que corresponde a mi temporalidad de investigación, propongo que ésta debe considerar los siguientes elementos:

a) la heredada debilidad institucional del Estado para ejercer controles cruzados sobre temas públicos en política exterior y básicamente en defensa y seguridad;
b) la presencia corporativa de las fuerzas armadas en la sociedad y en el Estado, asunto que influye en el diseño institucional y político de controles horizontales;
c) la escasa formación de la ciudadanía y actores civiles, tanto de partidos políticos como de organizaciones sociales en temas de seguridad, limitante que ha devenido en una implícita delegación a militares y policías para el tratamiento de sus propios intereses, reduciendo de esa manera la posibilidad de ejercer controles verticales; y,
 d) la creación de un contexto discursivo o ambiente comunicativo propicio para la segurización de determinados temas como los humanitarios a través de la intervención de agentes gubernamentales y el papel funcional de varios medios de comunicación en la difusión de imágenes y representaciones segurizadas.

En el discurso de las instituciones estatales y partidos políticos, declarar a algo como un problema de seguridad puede tender al abuso de una prohibición de ciertos asuntos, a la marginalización de oponentes ideológicos contrarios a las políticas establecidas por los gobierno de turno en temas conflictivos como narcotráfico y refugio, y a la limitación de organizaciones de la sociedad civil que, amparados en la legalidad constitucional de sus derechos ciudadanos, pretenden acceder a la información de la gestión estatal. Definir a un tema público, no necesariamente catalogado como reservado, pero encubierto bajo términos jurídicos de la seguridad nacional, resulta casi equivalente a declararlo como fuera de los límites permitidos, una especie de tema tabú o item no lícito para el debate político o académico (Moller:1996). 
De esa manera, el ejercicio teórico y metodológico de establecer vínculos entre categorías de la sociología política, específicamente los conceptos de rendición de cuentas, institucionalidad, sociedad civil y cultura política, asociados analíticamente a conceptos provenientes de las relaciones internacionales, parte de la necesidad de entender el problema desde varias aristas disciplinarias que frecuentemente no contemplan los estudios de caso. No bastaría, por ejemplo, quedarnos con la noción de seguridad nacional sin relacionarla al desempeño parlamentario que, en su obligación de ejercer controles cruzados a las dependencias y funcionarios estatales, incorpora procedimientos y valores de la democracia; así como tampoco es pertinente dejar suelta a la categoría informalidad de la política sin juntarla a las prácticas, intereses e identidades de los distintos actores sociales que intervienen en la problemática segurizada.


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